Expansión de minería ilegal de cobre amenaza producción formal en Perú

La minería ilegal de cobre se expande aceleradamente en Perú, trascendiendo la tradicional extracción informal de oro. Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, derivado de reuniones con autoridades nacionales sobre política económica, documenta que entre 2018 y 2024 la probabilidad media de actividad minera ilegal aumentó en 7.8 puntos porcentuales, con 4 puntos de ese incremento concentrados entre 2023 y 2024, período que coincidió con el alza de precios de cobre y oro.

Según el informe del FMI, la actividad ilegal se ha generalizado en el 56% de los distritos de todos los departamentos peruanos, con mayor concentración en la Amazonía y la Cordillera de los Andes. Actualmente, más del 80% de los distritos con minería formal presentan una probabilidad superior al 50% de que se desarrolle extracción ilegal, expandiéndose cada vez más hacia el cobre. El organismo internacional advierte que "podría convertirse en un problema estructural arraigado".

La producción ilícita de cobre representó hasta el 5% de las exportaciones peruanas de ese mineral en 2024. Según cálculos de la ONG CooperAcción, basados en datos del Banco Central de Reserva del Perú, ese volumen equivaldría a entre 400 mil y 500 mil toneladas de concentrados, aproximadamente 131,800 toneladas métricas de metal fino, con valor de exportación cercano a US$ 1,175 millones.

La invasión de concesiones afecta directamente a operadores formales. Hasta hace un año, el Ministerio de Energía y Minas reportaba que mineros ilegales habían invadido áreas concesionadas en proyectos de exploración y explotación ubicados en Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco y La Libertad, impidiendo el acceso de empresas a sus predios tanto para extracción como para desarrollo de proyectos.

El FMI recomendó una respuesta coordinada que incluya fortalecer capacidades de supervisión, seguridad y fiscalización; cerrar vacíos legales; mejorar controles sobre cadenas de suministro; y aumentar coordinación entre entidades nacionales, regionales e internacionales. Expertos del sector señalaron la urgencia de implementar sistemas de trazabilidad que corroboren el origen legal del mineral extraído y evitar la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) más allá del 31 de diciembre de 2026.