Disputa por límites provinciales reabre pugna histórica entre La Rioja y San Juan por proyecto de cobre

La reactivación de un millonario proyecto de explotación de cobre en la zona fronteriza entre La Rioja y San Juan ha reavivado un conflicto limítrofe que permanecía dormido durante décadas, obligando a ambas administraciones provinciales a definir posiciones jurídicas y territoriales sobre un territorio cuya jurisdicción ha sido motivo de disputa desde los años sesenta.

El proyecto minero, que contempla una inversión inicial estimada en 18.000 millones de dólares, se ubica precisamente en la zona de controversia territorial. La importancia económica de la iniciativa extractiva —que generaría empleos, infraestructura e ingresos por regalías— convirtió una cuestión que permanecía en ámbitos administrativos y judiciales en un asunto de primera magnitud política para ambas provincias.

La Rioja sostiene que una porción de territorio actualmente bajo jurisdicción de San Juan fue incorporada a esa provincia mediante una decisión adoptada durante la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía, a finales de los años sesenta. Desde la posición riojana, aquella modificación de límites nunca contó con la legitimidad requerida y perjudicó intereses provinciales históricos. El gobernador Ricardo Quintela promulgó una ley provincial que ratifica el rechazo a los límites establecidos durante el gobierno de facto, en un gesto orientado a respaldar el reclamo territorial. En su argumentación, la administración riojana sostiene que existen fundamentos jurídicos para revisar aquellas decisiones dictatoriales.

San Juan rechaza esta pretensión. El gobernador Marcelo Orrego ha defendido la vigencia de los límites actuales, subrayando que rigen desde hace 57 años y que el Congreso Nacional confirmó su validez en 2014. Según su posición, ninguna provincia puede modificar unilateralmente sus límites mediante legislación local; la Constitución Nacional requiere la intervención del Congreso y de los tribunales. Funcionarios de San Juan han calificado el planteo riojano de carecente de fundamentos legales y han rechazado cualquier cuestionamiento a la jurisdicción provincial sobre la zona.

Ambos gobiernos coinciden en ubicarse dentro del Partido Justicialista, pero mantienen diferencias en el alineamiento político nacional: Quintela está próximo al kirchnerismo, mientras que Orrego ha mantenido una relación institucional más fluida con la administración nacional.

La controversia, que enfrenta argumentos sobre la nulidad de decisiones dictatoriales contra el principio de estabilidad de los límites interprovinciales confirmados por el Congreso, podría requerir finalmente la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de nuevas acciones legislativas nacionales para su resolución.