Congreso impulsa ley que permitiría al Estado firmar contratos mineros en reemplazo de concesionarios

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República busca crear un régimen excepcional para la formalización de la minería aurífera subterránea. La iniciativa, presentada a mediados de junio, plantea "establecer un régimen legal excepcional y transitorio para la formalización y activación productiva en las actividades de la minería aurífera subterránea a nivel nacional".

El texto propone que los titulares de concesiones con mineralización predominantemente de oro, en cuyas áreas existan mineros informales con registro vigente en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), celebren contratos de explotación minera a solicitud de estos últimos en un plazo de 60 días calendario. Si no se llega a acuerdo o el minero informal no ubica al concesionario, podrá solicitar que la Dirección General de Formalización Minera del Minem intervenga como mediador.

El aspecto más controvertido radica en lo dispuesto para el caso de negativa del concesionario. El proyecto establece que "el Estado procederá a la ejecución subsidiaria, regulada en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), sin extinguir el título minero". Esto implicaría que el Minem asumiría la potestad de suscribir el contrato en reemplazo y contra la voluntad del titular de la concesión.

Según especialistas consultados, esta disposición genera alertas constitucionales. Un abogado especialista en minería señaló que la propuesta es inconstitucional, toda vez que una concesión minera no es solo un título habilitante administrativo, sino también un bien patrimonial que puede ser transferido, cedido, hipotecado o gravado. "La propuesta de que el Estado sustituya al titular minero para firmar un contrato de explotación y cederle un área al minero informal es totalmente arbitraria. Se afectaría el derecho patrimonial de propiedad", advirtió.

El proyecto también incluye una cuarta disposición complementaria final que modificaría el Decreto Legislativo N° 1293, eliminando la exención de responsabilidades penales, civiles y administrativas para quienes realizan actividad minera. Sin embargo, establece que los procesos que avanzaron bajo esta exención concluirán automáticamente, salvo que el Ministerio Público, la Procuraduría o la autoridad competente demuestren el origen ilícito del mineral incautado en un plazo de 30 días.

Exfuncionarios del sector han reiterado la necesidad de priorizar la Ley MAPE (Pequeña Minería y Minería Artesanal), presentada por el Gobierno el año anterior tras consultas multisectoriales. Dicha propuesta establece una ruta de acuerdos con concesionarios, la eliminación del Reinfo y un sistema de trazabilidad, enfoque que contrasta con la nueva iniciativa enfocada exclusivamente en oro.