Conflictos mineros en auge: el desafío de gobernanza que enfrenta el nuevo gobierno

La minería peruana inicia un nuevo ciclo con condiciones macroeconómicas favorables: inversión anual de US$ 6,248 millones en 2025 y precios internacionales del cobre y oro en niveles elevados. Sin embargo, esta expansión convive con un mapa de conflictividad social que concentra el 50.8% de sus causas en criterios socioambientales, según reportes del Observatorio de Conflictos Mineros.

La distribución geográfica de tensiones es significativa: el norte del país registra 37.4% de los conflictos sociales relacionados con minería, el sur 30.5% y el centro 27.4%. Regiones como Apurímac, con el 76.5% de sus territorios bajo concesión minera, seguidas por La Libertad (63.1%) y Áncash (55.1%), concentran la mayor presión. En Piura y Arequipa, donde proyectos como Tía María y Río Blanco representan focos de tensión con comunidades agrícolas, el área concesionada alcanza 46.8% y 23.8%, respectivamente.

Dos proyectos emblemáticos ejemplifican el conflicto: Tía María (Southern Perú, Arequipa), que el gobierno permitió ejecutar, y Río Blanco (Zijin, Piura), que enfrenta rechazo sostenido en Tambo Grande. Analistas advierten que la permisividad regulatoria puede replicar este patrón en iniciativas como El Algarrobo (Buenaventura, Piura), donde las consultas públicas han documentado oposición comunitaria sin que ello haya detenido los procesos de implementación.

En regiones amazónicas, la minería ilegal adiciona complejidad: Amazonas registra 6 conflictos sociales mensuales, dos de ellos vinculados a operaciones irregulares que amenazan a comunidades nativas en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón. Este fenómeno se replica en Ucayali y Loreto, donde actores informales buscan obtener titularidad de concesiones para legitimarse legalmente.

Un dato crítico subyace en esta ecuación: de las 22.6 millones de hectáreas concesionadas a nivel nacional, solo 2 millones están en actividad productiva. Esta brecha entre el otorgamiento de derechos mineros y su ejecución real genera incertidumbre regulatoria y complejiza la gestión de conflictos.

Especialistas en derecho minero advierten que la agenda de "destrabe" de proyectos, sin un diálogo institucionalizado con comunidades y sociedad civil, incrementa el riesgo de repetir ciclos de crisis social. El vencimiento del plazo del Registro Integral de Formalización Minera en diciembre marca un momento decisivo para definir política pública frente a la informalidad, un componente que no puede sustraerse del análisis de gobernanza minera a mediano plazo.