Conflicto tarifario del gas natural escala a arbitraje internacional

La compañía colombiana Promigas S.A. E.S.P. ha formalizado un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La reclamación se centra en la decisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) de aprobar las tarifas de distribución de gas natural para el período 2025-2028, que a juicio de la empresa resultan lesivas a sus derechos como inversionista.

El conflicto tiene su origen en la Concesión Norte, otorgada a Gases del Pacífico S.A.C. —filial de Promigas Perú— mediante la Resolución Suprema N.º 067-2013-EM. Esta concesión abarca el sistema de distribución de gas natural en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca, y al cierre de 2024 atendía, junto con la concesión Piura, a más de 343,000 usuarios bajo la marca Quavii.

La firma cuestiona que el regulador peruano haya fijado las tarifas máximas de distribución de manera "arbitraria, injusta, irracional y discriminatoria", apartándose de los análisis técnicos y jurídicos presentados por la compañía durante el procedimiento tarifario. Antes de acudir al Ciadi, Promigas agotó la etapa de consultas prevista en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Colombia y Perú. El 13 de febrero de 2025 presentó el Requerimiento de Consultas y Negociación, y el 5 de noviembre del mismo año radicó la Notificación de Intención de Arbitraje. Al no alcanzarse un acuerdo tras el diálogo con el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), la empresa decidió dar el paso definitivo.

Pese al litigio, Promigas mantiene e incluso ha fortalecido sus operaciones en el país. En julio de 2025, su junta directiva aprobó una capitalización de US$ 18 millones en Gases del Pacífico, inyección que elevó el capital accionario de la subsidiaria y refleja la continuidad del negocio durante la disputa.

El arbitraje internacional de inversiones es un mecanismo contemplado en los tratados bilaterales para que los inversores extranjeros puedan reclamar cuando consideran que una medida estatal vulnera garantías como el trato justo y equitativo o la protección contra la expropiación indirecta. El Ciadi deberá evaluar si la actuación de Osinergmin se ajustó a derecho o si, como sostiene la demandante, constituyó una interferencia arbitraria que afecta la estabilidad del marco regulatorio peruano. El proceso puede extenderse por varios años y, mientras tanto, el suministro de gas natural a los usuarios continúa sin afectación.