Anulación de RCA Collahuasi expone debilidad regulatoria en evaluación ambiental

La anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Collahuasi por parte del Tribunal Ambiental revela problemas de fondo en el régimen de evaluación ambiental nacional, más allá de los errores procedimentales específicos del caso.

Según análisis publicados en Ex-Ante, el fallo del tribunal identificó deficiencias en la caracterización de dos asociaciones indígenas de pescadores y en la evaluación del componente marino del proyecto. Sin embargo, la relevancia del caso trasciende estas cuestiones técnicas concretas.

El problema central que expone esta anulación es la estructura misma del proceso de evaluación ambiental. Actualmente, cuestiones básicas como la determinación del área de influencia de un proyecto o la definición de los impactos principales a evaluar permanecen sin resolución hasta etapas avanzadas del procedimiento, cuando ya se han acumulado cientos de observaciones ciudadanas y de servicios públicos. Esta arquitectura genera conflictos inevitables.

La revisión judicial que se produce años después del inicio de la evaluación técnica plantea una tensión fundamental: ¿hasta qué punto es razonable que aspectos tan fundamentales sigan siendo discutidos en sede judicial cuando debieron estar resueltos administrativamente desde el inicio?

Esta dinámica refleja no solo falencias normativas, sino también una erosión de la deferencia que los tribunales deben mantener hacia las decisiones administrativas técnicas. La anulación de una RCA que ya ha sido tramitada por años a través del sistema administrativo formal sugiere que el proceso de evaluación anterior no generó las certidumbres necesarias, o bien que la revisión judicial introduce estándares de exigencia desproporcionados respecto de lo que el ordenamiento administrativo establece.

La solución no está en que los tribunales abandonen su rol fiscalizador, sino en que se modernize la regulación ambiental para resolver anticipadamente las cuestiones básicas que hoy se discuten judicialmente. Una reforma a la Ley N° 19.300 que clarificase y adelantase estos debates podría mejorar tanto la certeza para los proyectos como la protección ambiental legítima.