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Minería · Bolivia

AJAM — Conflicto minero y seguridad

AJAM denuncia ataque contra comisión de inspección en áreas mineras de La Paz

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera informó que funcionarios fueron agredidos con piedras y disparos de arma de fuego durante labor de fiscalización en concesiones de la Cooperativa Playa Dorada. La institución remitirá el caso al Ministerio Público.

Por Redacción·03 de julio de 2026
Close-up view of rusty crane towers under clear blue sky, illustrating construction industry details.
Imagen referencial

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció que una comisión técnica fue emboscada y atacada con piedras y disparos de armas de fuego mientras realizaba labores de inspección, fiscalización y control en áreas mineras ubicadas en los municipios de Mapiri y Tacacoma, provincia de Larecaja, departamento de La Paz.

Según la institución, el ataque ocurrió en las áreas mineras Playa Dorada y Playa Dorada I, II y IV, de titularidad de la Cooperativa Playa Dorada de San Juanito R.L., ubicadas en cercanías de la comunidad Achiquiri. Un grupo de personas emboscó a la comisión y agredió a los funcionarios con lanzamiento de piedras y disparos, exponiendo la integridad física de los servidores públicos.

Registros en video difundidos en redes sociales documentan el momento en que una vagoneta oficial fue atacada con piedras, mientras sus ocupantes solicitaban ayuda y alertaban que estaban siendo baleados. Ante la persecución, los funcionarios se vieron obligados a abandonar el sitio sin concluir la inspección programada.

La AJAM condenó los actos de violencia dirigidos contra su personal y anunció que iniciará acciones legales correspondientes. La institución remitirá el expediente al Ministerio Público con el objetivo de identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias de los hechos. El episodio refleja las tensiones que han caracterizado las operaciones de fiscalización minera en zonas de explotación artesanal y cooperativista, donde los conflictos por control de yacimientos y derechos de concesión persisten como obstáculo para el ejercicio de la autoridad administrativa.

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