Minería · Bolivia
Autoridad Minera — Gobernanza y seguridad
AJAM alerta sobre operaciones de grupos armados en zonas de minería ilegal
El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera advirtió que equipos de inspección han sido repelidos con armas de fuego y explosivos en regiones con recursos minerales. La autoridad vincula la minería ilegal con delitos conexos y afirma que el Estado ha perdido gobernanza en varias áreas del territorio.

El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció que grupos armados operan en zonas de minería ilegal y que el Estado ha perdido gobernanza en múltiples territorios donde existen recursos minerales. La autoridad indicó que desde noviembre de 2025 la AJAM ha realizado intervenciones en Pando, La Paz, Beni y Potosí, donde los equipos de inspección han sido "repelidos por grupos armados o utilizando dinamitas, armamento de fuego". El director sostuvo que "el Estado está perdiendo gobernanza o ha perdido en las últimas décadas gobernanza sobre muchas áreas del territorio nacional donde se encuentran los recursos minerales".
La advertencia surge tras un incidente en la provincia Larecaja, entre los municipios de Mapiri y Tacacoma, en el departamento de La Paz, donde una comisión técnica fue emboscada y atacada con piedras y disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de inspección, fiscalización y control. La AJAM anunció que activará acciones legales correspondientes y reforzará la coordinación con las autoridades competentes.
La autoridad identificó que la minería ilegal ha trascendido de ser un problema exclusivamente administrativo y ambiental para constituir una amenaza a la soberanía, la seguridad y la gobernanza estatal. Destacó que más del 80% de la actividad minera en Bolivia es informal o ilegal, y que esta actividad está vinculada con delitos como el tráfico de armas, el contrabando y el lavado de dinero. Además, señaló que la minería ilegal avanza sobre áreas protegidas.
La AJAM coordina operativos de mayor magnitud con la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y autoridades ambientales para recuperar áreas afectadas y restablecer la presencia del Estado. La autoridad consideró urgente fortalecer los controles y formalizar a los actores del sector minero.
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