Tribunal de París ratifica condena de Marine Le Pen pero reduce su inhabilitación política

La Corte de Apelaciones de París confirmó este mes la condena penal contra la líder del Rassemblement National, Marine Le Pen, por malversación de fondos públicos, pero modificó la sanción accesoria de inelegibilidad de modo que, al menos formalmente, le restituye la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales francesas de 2027.

El tribunal mantuvo la declaración de culpabilidad por el desvío de recursos del Parlamento Europeo, un esquema que benefició a su partido durante años. Le Pen y otros ocho ex eurodiputados fueron hallados responsables de haber empleado asistentes parlamentarios pagados con fondos europeos para fines partidistas. La pena principal que la corte de segunda instancia le impuso asciende a tres años de prisión, de los cuales dos quedan en suspenso y uno se cumple mediante arresto domiciliario con monitorización electrónica.

El elemento central de la apelación era la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia de primera instancia, dictada en marzo de 2025 por el Tribunal Correctionnel de París, había impuesto una prohibición de cinco años de aplicación inmediata, lo que parecía cerrar el camino a la candidatura presidencial. La Corte de Apelaciones, sin embargo, redujo ese período a 45 meses y suspendió 30 de ellos. Dado que ya han transcurrido quince meses desde el fallo inicial, la líder ultraderechista recupera su elegibilidad para los comicios de 2027.

La presidenta del tribunal describió la conducta de Le Pen como "violaciones graves y duraderas de las reglas de la democracia", subrayando que la suavización de la sanción no equivale a una exoneración moral. La decisión generó un arco de reacciones que van desde la crítica por una supuesta "gran lenidad" hacia los políticos poderosos hasta advertencias sobre la instrumentalización de los tribunales para eliminar adversarios.

Le Pen anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte de Casación, confiando en que la máxima instancia judicial francesa revise la interacción entre la pena de inhabilitación y el arresto domiciliario con brazalete electrónico, así como la compatibilidad de esa medida con la libertad de campaña. Entre tanto, la polémica reaviva la pregunta sobre cómo un Estado de derecho puede sancionar la corrupción de las élites sin convertirse él mismo en actor de la contienda partidista.

La información fue publicada originalmente por el medio jurídico Verfassungsblog.