ONU reporta récord de 950 defensores de derechos humanos asesinados o desaparecidos en 2025

Al menos 950 defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas fueron asesinados o sometidos a desaparición forzada en todo el mundo durante 2025, según cifras preliminares difundidas este miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El dato representa un máximo histórico y duplica los registros de hace diez años, de acuerdo con el informe "Human Rights Count 2026", una base de datos global que recopila ataques contra activistas, muertes de civiles en conflictos, patrones de discriminación y el estado de las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales.

La publicación del reporte coincidió con el inicio del segmento de asuntos humanitarios del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), que reúne durante tres días a Estados miembros, organismos del sistema, socios y sector privado para discutir los desafíos de la acción humanitaria.

En la apertura, el coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que la misión humanitaria se enfrenta no solo a una brecha entre las necesidades crecientes y los fondos cada vez más escasos, sino también a una brecha entre las necesidades y la capacidad real de asistir a las poblaciones afectadas.

"El futuro de la acción humanitaria no será decidido solo por los humanitarios", sostuvo Fletcher, instando a los Estados miembros, las partes en conflicto, los donantes y el sector privado a asumir su responsabilidad.

El coordinador subrayó que el respeto del derecho internacional humanitario y la protección de los trabajadores humanitarios son condiciones indispensables para que la asistencia llegue a quienes la necesitan.

El grave incremento de asesinatos de defensores se produce en un contexto de debilitamiento del entorno protector consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos de 1998, que insta a los Estados a garantizar un espacio seguro para su labor. La legislación internacional, en particular los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, impone obligaciones específicas a las partes contendientes en conflictos armados para proteger a la población civil, lo que incluye a activistas y trabajadores de ayuda humanitaria que operan en esas zonas.

El informe completo puede consultarse en el sitio web de ACNUDH, informó ONU Noticias.