Cómo la Corte Suprema estadounidense elude interpretar tres preceptos constitucionales profundos

La Corte Suprema de Estados Unidos ha evitado abordar de manera sustantiva tres disposiciones constitucionales de gran calado, pese a que su texto plantea cuestiones centrales sobre la libertad, la forma de gobierno y la relación entre el poder civil y militar.

La primera es la cláusula de excepción de la 13ª Enmienda, que abolió la esclavitud pero permite expresamente la servidumbre involuntaria "como castigo por un delito del cual la persona haya sido debidamente condenada". Aunque la Corte anuló leyes de peonaje en fallos como Bailey v. Alabama (1911) y declaró que la mera rotulación penal de un incumplimiento contractual no justifica el trabajo forzoso, la excepción permanece vigente como base legal para el trabajo penitenciario obligatorio. La Corte ha rehuido un pronunciamiento general sobre su alcance; en United States v. Kozminski (1988) limitó la coerción prohibida a la fuerza física o legal, sin ampliarla al condicionamiento psicológico. Mientras tanto, en la última década numerosos estados —desde Colorado en 2018 hasta Nevada en 2024— han suprimido esta excepción de sus propias constituciones, mientras que una propuesta de enmienda federal para eliminarla sigue sin avances en el Congreso.

La segunda disposición es la cláusula de garantía del Artículo IV, Sección 4, que obliga al gobierno nacional a garantizar a cada estado una "forma republicana de gobierno". La judicatura ha tratado esta cláusula como una cuestión política que no corresponde resolver a los tribunales, eludiendo así cualquier definición de lo que implica un gobierno republicano. La tercera es la Tercera Enmienda, que prohíbe el acantonamiento de soldados en hogares privados sin consentimiento del propietario; jamás ha sido objeto de un fallo sustantivo del máximo tribunal y su aplicación práctica ha sido prácticamente inexistente.

Este silencio judicial sobre disposiciones textualmente claras ilustra, según los analistas constitucionales, cómo la Corte emplea la autorrestricción para evitar controversias políticas que considera ajenas a su función, aun cuando las propias enmiendas no contienen limitación alguna de justiciabilidad. Así lo destaca un informe publicado por el medio especializado SCOTUSblog.