Corte Suprema de EE.UU. autoriza a Alabama usar mapa electoral cuestionado por discriminación racial

La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para que Alabama utilice un mapa de distritos electorales en las elecciones de 2026 que tribunales inferiores habían identificado como racialmente discriminatorio.

El fallo, emitido en la noche del martes, representa una victoria para la administración estatal que buscaba implementar la cartografía cuestionada. La decisión refleja el peso actual de la mayoría conservadora en la Corte, que en los últimos años ha adoptado posiciones restrictivas respecto a las acciones afirmativas y protecciones electorales.

Tres juezas de la Corte —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— firmaron una opinión disidente, expresando su desacuerdo con la resolución mayoritaria. Sus votos evidencian la profunda división ideológica que caracteriza al tribunal en materia de derechos electorales y protección de minorías raciales.

Esta decisión se inscribe en una serie de fallos recientes de la Corte Suprema estadounidense que han debilitado las garantías de la Ley de Derechos Electorales. En años anteriores, el tribunal ha limitado las herramientas de supervisión federal sobre distritos con historial de discriminación, abriendo el espacio para prácticas que pueden afectar la representación equitativa.

La aprobación del mapa electoral de Alabama refleja tensiones fundamentales en la jurisprudencia norteamericana sobre cómo equilibrar la autonomía estatal con la protección de derechos fundamentales. Mientras que algunos argumentan que corresponde a los estados definir sus propias divisiones electorales, otros sostienen que la evidencia de discriminación racial debe ser un freno inquebrantable.

La Corte indicó que podría anunciar nuevas opiniones el jueves a las 10 a.m. EDT. Tras eso, los magistrados se reunirán en conferencia privada para discutir casos y votar sobre peticiones de revisión, con órdenes esperadas para el lunes 8 de junio.

Esta resolución tendrá implicaciones para futuros litigios electorales y establece un precedente sobre el peso relativo de las constataciones de discriminación en tribunales inferiores frente a las prerrogativas estatales.