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Internacional

Estados miembros del Consejo de Europa adoptan declaración sobre el CEDH que genera debate sobre independencia judicial

Nueve gobiernos europeos, liderados por Dinamarca e Italia, cuestionaron la interpretación del Tribunal de Estrasburgo antes de la sesión ministerial que aprobó el documento.

Por Redacción·01 de junio de 2026
Two tourists with backpacks admire the Hungarian Parliament Building in Budapest on a foggy day.
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El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó en forma unánime, el 15 de mayo, una declaración política sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) durante su sesión anual celebrada en Chișinău. El documento, aunque más moderado que los pronunciamientos previos que lo precedieron, no ha logrado disipar la tensión de fondo que motivó su elaboración: la presión de varios Estados miembros para flexibilizar los límites que el Convenio impone a sus políticas migratorias.

El episodio tiene su origen en mayo de 2025, cuando nueve gobiernos —encabezados por Dinamarca e Italia— publicaron una carta abierta en la que afirmaban que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había excedido su mandato interpretativo. Los signatarios reclamaron un debate "con mente abierta" sobre la forma en que el CEDH debe ser interpretado, argumentando que era necesario restablecer un equilibrio que, a su juicio, se habría perdido. La iniciativa fue leída por amplios sectores —incluyendo al Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset— como un ataque frontal a la autoridad del tribunal.

La declaración finalmente aprobada resulta, según el análisis publicado en Verfassungsblog, menos radical de lo que se temía. Sin embargo, el medio especializado en derecho constitucional comparado advierte que la moderación del texto no neutraliza el problema de fondo: al pretender definir el contenido sustantivo de las garantías convencionales, los Estados miembros habrían cruzado una línea que ninguna redacción diplomática puede revertir. La facultad de interpretar el Convenio corresponde al Tribunal, no a los gobiernos que lo integran.

El debate tiene implicancias relevantes para el derecho internacional de los derechos humanos y para el derecho constitucional comparado, pues pone en cuestión el principio de subsidiariedad y los límites del margen de apreciación estatal frente a un órgano jurisdiccional supranacional. El análisis fue publicado por Verfassungsblog.

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