El Salvador: los costos institucionales del régimen de excepción en la justicia penal

El régimen de excepción implementado en El Salvador ha generado transformaciones profundas en el funcionamiento de la justicia penal, alterando procedimientos fundamentales y concentrando competencias de manera extraordinaria. Un análisis especial de Agenda Estado de Derecho examina los efectos institucionales de estas medidas, particularmente las audiencias masivas y los mega juicios colectivos que han caracterizado la respuesta del sistema judicial salvadoreño en los últimos años.

Las audiencias masivas representan un cambio significativo respecto a los estándares tradicionales de justicia penal. Estos procedimientos agrupan decenas o incluso cientos de imputados en sesiones únicas, lo que plantea interrogantes sobre la individualización de la defensa, el derecho a ser escuchado y la capacidad efectiva de los abogados defensores para articular estrategias particulares en cada caso. El análisis señala que esta modalidad, aunque diseñada para agilizar procesos, comprime garantías procesales básicas del modelo acusatorio que El Salvador adoptó mediante su Código Procesal Penal.

Asimismo, la creación de un "equipo independiente" para la investigación y enjuiciamiento responde a la necesidad percibida de mayor eficiencia contra la criminalidad organizada, pero plantea desafíos sobre la separación de funciones, la cadena de custodia de pruebas y la supervisión jurisdiccional tradicional. El régimen de excepción, suspendiendo garantías constitucionales en distintos grados, ha permitido detenciones preventivas prolongadas y procedimientos expeditos que, si bien responden a presiones de seguridad pública, generan tensiones con principios del estado de derecho.

Este tipo de transformaciones judiciales tienen relevancia comparada: varios países de Latinoamérica han experimentado restricciones similares de garantías en contextos de crisis de seguridad, planteando la pregunta permanente sobre cómo conciliar eficiencia procesal con debido proceso. El análisis de Agenda Estado de Derecho contribuye a documentar estos trade-offs institucionales y sus consecuencias de mediano plazo para la legitimidad del sistema.

Fuente: Agenda Estado de Derecho, 20 de mayo de 2026.