Subdere distribuye tercera cuota del Royalty Minero por $56.600 millones a 309 comunas

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) comenzó esta semana la distribución de la tercera cuota del Royalty Minero hacia 309 comunas del país, inyectando $56.600 millones directamente a gobiernos municipales en concepto de transferencias extraordinarias derivadas del impuesto a la gran minería.

Esta cuota, sumada a las dos cuotas previas distribuidas durante 2026, completa un monto total de $169.901 millones transferidos en el año. De este volumen, $41.188 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMI), que beneficia a 45 comunas ubicadas en territorios con operaciones extractivas activas, mientras que $128.713 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial (FET) para 302 comunas con el propósito de reducir brechas presupuestarias entre distintas jurisdicciones municipales.

En la tercera cuota específicamente, la Subdere señaló que $13.729 millones se destinan al FCMI para las 45 comunas mineras y $42.904 millones al FET para los 302 municipios restantes. El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, enfatizó que "estos recursos permiten que los municipios decidan de manera autónoma en qué invertir", instando a las autoridades locales a priorizar 'las urgencias reales de cada comuna, como seguridad, luminarias o infraestructura, ya que son platas de todos los chilenos que deben traducirse en soluciones concretas para las personas'.

El Royalty Minero constituye un gravamen específico aplicado anualmente a las grandes empresas mineras, que genera una distribución aproximada de 450 millones de dólares hacia regiones y comunas productoras. La identificación de comunas beneficiarias del FCMI se realiza conforme a un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que considera dos criterios: que la comuna esté radicada en una región minera y que en su territorio operen empresas mineras activas afectas al impuesto específico a la minería.

Esta modalidad de distribución territorial refleja el mecanismo de compensación de externalidades económicas y socioambientales derivadas de la actividad extractiva en territorios mineros, garantizando que las comunas directamente impactadas por operaciones cupríferas y de otros minerales dispongan de recursos adicionales para financiamiento municipal e inversión pública local.