Codelco retira amparo económico contra Contraloría tras acuerdo sobre toma de razón

Codelco retiró el recurso de amparo económico que había presentado contra la Contraloría, poniendo fin a un conflicto que se extendió por casi un mes sobre el alcance del control administrativo que ejerce el organismo fiscalizador sobre determinadas decisiones corporativas de la empresa estatal.

La acción judicial fue ingresada por la cuprera el 18 de junio, luego de que la Contraloría revisara el procedimiento vinculado al otorgamiento de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para Minera Ascotán SpA, empresa coligada a Codelco. En esa instancia, la estatal cuestionó que se exigiera someter ciertas decisiones corporativas al trámite de toma de razón, argumentando que sus actividades empresariales se rigen por normas de derecho privado y calificando esa interpretación como inédita.

La controversia entre ambas instituciones se remitía a la jurisdicción de la Contraloría sobre actos de administración que, según Codelco, corresponden al ámbito de las decisiones comerciales de una empresa en régimen de derecho privado. El amparo económico buscaba resguardar la posición jurídica de la minera ante lo que consideraba una expansión de las facultades fiscalizadoras del organismo de control.

Aunque las conversaciones entre Codelco y la Contraloría ya estaban en curso antes de la presentación del amparo, la empresa optó por recurrir a la justicia como mecanismo para afianzar su posición legal. En los diálogos participaron directamente la Contralora Dorothy Pérez y el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine.

El desistimiento del recurso fue formalizado por el directorio de la empresa estatal el viernes pasado, lo que refleja un acuerdo de fondo alcanzado entre ambas instituciones respecto del alcance de la fiscalización en operaciones específicas de litio. La resolución del conflicto marca un punto de equilibrio entre la autonomía corporativa de la estatal minera y las facultades de supervisión que corresponden a la Contraloría en su rol de órgano tutelador de la legalidad de los actos de administración.