Codelco enfrenta cuestionamiento sobre el control de la Contraloría en contrato de litio

Codelco recurre a los tribunales para rechazar la exigencia de toma de razón que ha formulado la Contraloría General de la República respecto de su contrato con Minera Ascotán en materia de litio, alegando que tal fiscalización resulta ajena a su naturaleza como empresa estatal.

La decisión de la corporación minera se produce en un contexto de múltiples cuestionamientos sobre su gestión. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó que el acuerdo entre Codelco y SQM generó perjuicio fiscal por no haber sido licitado públicamente. Paralelamente, otra comisión debe investigar la sobreestimación de aproximadamente 27 mil toneladas de cobre durante 2025, inconsistencia que habría gatillado el desembolso de bonos millonarios a ejecutivos de la corporación.

Adicionalmente, la corporación enfrenta cuestionamientos sobre remodelaciones en su casa matriz, mientras que un informe difundido recientemente por la administración actual expone la compleja situación de endeudamiento de la Corporación.

Estos episodios ponen de manifiesto la fragmentación en el sistema de fiscalización de Codelco. La Contraloría ejerce control sobre legalidad; la Cámara de Diputados realiza fiscalización política, aunque sin poder vinculante; la Comisión del Mercado Financiero (CMF) revisa aspectos de gobierno corporativo; y Cochilco —que debería actuar como organismo técnico clave— opera bajo un marco normativo antiguo con facultades limitadas.

Desde la perspectiva jurídica, el litigio iniciado por Codelco contra la Contraloría toca cuestiones fundamentales sobre los alcances de la potestad fiscalizadora del órgano de control y los límites de la autonomía empresarial de la corporación estatal. Sin embargo, la resolución de esta contienda en sede judicial no aborda el problema estructural de fondo: la ausencia de un marco legal moderno que defina con claridad las competencias y coordinación entre los diversos fiscalizadores de la corporación.

La falta de coherencia regulatoria genera vacíos y conflictos que debilitan la gobernanza corporativa de Codelco. Una solución requiere actualizar por ley el estatuto de control de la corporación, fortaleciendo a Cochilco con facultades modernas de auditoría técnica, de inversiones y de procesos, en coordinación efectiva con la Contraloría y con seguimiento vinculante a las fiscalizaciones parlamentarias.