Reino Unido: la sentencia de Palestine Action expone tensiones constitucionales en la etiqueta terrorista

Un fallo dictado el 12 de junio de 2026 por tribunales de Inglaterra en el caso Palestine Action puso a prueba por primera vez una disposición constitucional problemática del Counter-Terrorism and Sentencing Act 2021, mediante la cual los tribunales pueden adjudicar consecuencias relacionadas con terrorismo —como modificaciones en las condiciones de libertad condicional, órdenes de decomiso y obligaciones de registro prolongadas— a condenas por delitos ordinarios, sobre la base de una determinación judicial posterior a la condena y sin que el jurado se pronuncie sobre la calificación terrorista.

El caso se originó en un allanamiento ocurrido en 2024 a una planta de fabricación de Bristol operada por Elbit Systems UK, filial británica de la empresa de defensa israelí Elbit Systems. Los acusados causaron daños valuados en £1,2 millones, incluyendo afectación a 41 activos militares. Sin embargo, no fueron juzgados por delitos terroristas: tras un nuevo juicio después de que el primer jurado no llegara a acuerdo, los cuatro acusados fueron condenados por daño criminal. Uno de ellos también fue condenado por lesiones graves sin intención.

En la sentencia, los jueces impusieron penas significativas: dos condenados recibieron sentencias custodiales especiales de seis años menos 45 días; otro, cinco años y ocho meses menos 45 días; el cuarto, ocho años y ocho meses en total. Pero el tribunal hizo algo adicional: determinó que el delito de daño criminal tenía una "conexión terrorista" según la sección 69 de la Sentencing Act 2020, aplicando el estándar de prueba penal ordinario.

Esta determinación transformó las consecuencias legales sin alterar formalmente la condena: requirió sentencias custodiales especiales, modificó las disposiciones de libertad condicional y sometió automáticamente a cada condenado a obligaciones de notificación terrorista por 15 años.

La cuestión constitucional subyacente es profunda: ¿deben consecuencias específicas del terrorismo adjudicarse a una condena penal ordinaria mediante determinación judicial posterior, sin cargo separado ni veredicto del jurado? Antes de 2021, estas consecuencias se limitaban a delitos graves específicamente asociados al terrorismo. La reforma de 2021 amplió significativamente el alcance, permitiendo que cualquier delito punible con más de dos años de cárcel sea tratado como terrorista si el tribunal lo determina así.