Misión de la ONU alerta sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas como sistema de control en Sudán

La Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la población civil se encuentra cada vez más atrapada por el miedo, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, en el marco de un conflicto que se ha transformado en un sistema de represión más amplio.

En su actualización ante el 62° período de sesiones del Consejo, celebrado en Ginebra, la Misión constató que tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y los grupos aliados están intensificando sus esfuerzos por controlar a una población ya agotada por la guerra.

"Los civiles siguen soportando la abrumadora carga de este conflicto", declaró el presidente de la Misión, Mohamed Chande Othman, quien advirtió que la violencia ha evolucionado hacia un sistema de represión más amplio que alcanza casi todos los aspectos de la vida civil.

El informe documenta cómo el simple desplazamiento de un lugar a otro se ha convertido en un acto peligroso para muchas familias sudanesas. La Misión constató que civiles son detenidos en puestos de control, acusados de apoyar a las fuerzas contrarias y encarcelados sin proceso legal alguno.

Las personas que intentan cruzar entre territorios controlados por distintas partes se enfrentan a arrestos, abusos y desapariciones forzadas. Entre los afectados se encuentran periodistas, trabajadores humanitarios, comerciantes, líderes comunitarios y ciudadanos comunes que buscan llegar a zonas más seguras o mantener sus medios de subsistencia.

"Los civiles son cada vez más presionados para demostrar lealtad y, en algunos casos, alinearse activamente con una de las partes beligerantes como condición para su seguridad, libertad y supervivencia económica", señaló la experta Joy Ngozi Ezeilo.

La Misión advirtió que la extorsión vinculada a las detenciones arbitrarias está agravando la emergencia humanitaria. Se documentaron casos en los que se exigió a las familias el pago de sumas cercanas a los 40.000 dólares para lograr la liberación de sus parientes detenidos, montos imposibles para hogares que ya luchan bajo el conflicto, el desplazamiento y el colapso de sus medios de vida.

Estas prácticas también están desarticulando las frágiles economías locales. En localidades como El Fasher, El Obeid, Dilling y Kadugli, los comerciantes que cruzan las líneas del frente se enfrentan a riesgos elevados de detención y secuestro, lo que reduce el acceso a alimentos y profundiza la inseguridad de las comunidades.

La Misión expresó especial preocupación por la suerte de al menos 70 personas, incluidos trabajadores humanitarios, que fueron detenidas en El Geneina durante mayo de 2026 y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. "Ninguna familia debería quedarse en el silencio y la incertidumbre mientras busca a sus seres queridos", afirmó la experta Mona Rishmawi.

Las condiciones al interior de los centros de detención bajo el control de ambas partes son profundamente preocupantes: celdas superpobladas, alimentación y agua insuficientes, saneamiento deficiente y acceso limitado a atención médica, con brotes de enfermedades como el cólera. Exdetenidos relataron palizas, electrocuciones, violencia sexual y aislamiento prolongado.

La Misión instó a todas las partes a cesar de inmediato las detenciones y arrestos arbitrarios, liberar a las personas retenidas sin base legal y revelar el paradero de los detenidos. También solicitó acceso independiente a los centros de reclusión y renovó los esfuerzos internacionales para garantizar la rendición de cuentas. Sin acciones concretas, advirtieron los investigadores, los patrones de abuso corren el riesgo de arraigarse aún más, dejando a la población civil sudanesa sumida en un conflicto donde el miedo, la incertidumbre y la separación definen la vida cotidiana.

El derecho internacional humanitario, en particular los Convenios de Ginebra, prohíbe de manera absoluta los arrestos y detenciones arbitrarias, así como las desapariciones forzadas, y establece la obligación de las partes contendientes de tratar con humanidad a las personas que no participan activamente en las hostilidades. Estas prácticas, cuando son generalizadas o sistemáticas, pueden constituir crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.