
El muerto siguió preso
La autora denuncia la muerte de ocho adultos mayores privados de libertad entre enero y junio en los penales de Colina 1 y Punta Peuco, atribuyéndolas al abandono sanitario y al incumplimiento de fallos de la Corte Suprema que ordenaron corregir las condiciones del Pabellón Asistir. Además, sostiene que el Estado, al privar de libertad a una persona, asume una posición de garante sobre su vida y salud, por lo que cada nuevo fallecimiento en esas condiciones abre una pregunta jurídica y penal sobre la responsabilidad de las autoridades penitenciarias.
05 de julio de 2026





