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Tribunal Ambiental — Minería
Tribunal Ambiental admite reclamaciones de sindicatos mineros contra proyecto en Escondida
El Primer Tribunal Ambiental acumuló dos acciones presentadas por organizaciones de trabajadores que cuestionan la aprobación de modificaciones operacionales en la planta concentradora de Minera Escondida, operada por BHP, por presunta omisión de normas de calidad del aire.

El Primer Tribunal Ambiental admitió a tramitación dos reclamaciones presentadas por el Sindicato N°1 Trabajadores Minera Escondida Ltda. y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios en contra de la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que había rechazado sus objeciones a la calificación ambiental favorable del proyecto "Modificaciones Operacionales en Planta Concentrado Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada".
Las organizaciones cuestionan que el SEA haya aprobado el proyecto sin aplicar las normas de calidad ambiental para el aire en el campamento minero, argumentando que esta exclusión vulnera el principio de igualdad ante la ley al exonerar del cumplimiento normativo a determinadas personas y territorios.
Según los sindicatos, el titular del proyecto —Minera Escondida Ltda., operada por BHP— no acompañó los antecedentes técnicos necesarios para demostrar la inexistencia de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley N°19.300, particularmente aquellos relacionados con el riesgo para la salud de la población. Afirman, además, que la autoridad ambiental no requirió estos antecedentes durante el proceso de evaluación.
El tribunal dispuso la acumulación de ambas reclamaciones y solicitó un informe a la Dirección Ejecutiva del SEA para que explique los fundamentos de su decisión y remita la totalidad de los antecedentes del procedimiento administrativo.
El proyecto tiene por objeto optimizar las operaciones del Conjunto Planta Concentradora Laguna Seca, cuya vida útil se proyecta en 25,5 años con una inversión aproximada de US$2.351 millones. Las modificaciones buscan mantener las capacidades de operación autorizadas ante la reducción esperada de las leyes del mineral y el aumento de su dureza, a través de adecuaciones de diseño e ingeniería que comprenden desde la correa overland del chancado primario hasta los espesadores de relaves y concentrado en operación.
La admisión de las reclamaciones abre un nuevo escenario de controversia ambiental en torno a una de las faenas mineras más relevantes del país, trasladando a la judicatura ambiental la evaluación de criterios técnicos y normativos que fueron controvertidos durante la tramitación administrativa.
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