Tribunal Ambiental acoge reclamación contra exploración minera en Arica y Parinacota

El Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación en contra de la resolución que aprobó el proyecto de exploración geológica minera Champagne, de la empresa Andex Minerals Chile SpA (filial de Andex Gold, con sede en Canadá), emplazado en el Cerro Anocarire, en la Región de Arica y Parinacota.

La acción fue presentada por la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa, la Asociación Indígena Quechua Kawsaq Llaqta y personas que participaron del proceso de participación ciudadana, en contra de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que rechazó su recurso administrativo previo contra la aprobación ambiental del proyecto.

Los reclamantes impugnaron el otorgamiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) argumentando que durante la evaluación no fueron debidamente consideradas sus observaciones sobre impactos en sistemas de vida, recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Sostienen que el Cerro Anocarire posee carácter sagrado —"Mallku" en cosmogonía Aymara— y que el territorio acoge sitios ceremoniales, caminos troperos, zonas de pastoreo y vertientes utilizadas ancestralmente por ambas comunidades.

Cuestionan además que el proyecto ingresara como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental, considerando que sus efectos sobre comunidades indígenas y recursos hídricos requerían una evaluación de mayor profundidad. Señalan que tampoco fueron integrados en la evaluación un camino de acceso interno esencial para la operación del proyecto.

El proyecto contempla la ejecución de 12 sondajes de exploración (aire reverso o diamantina) en nueve plataformas destinadas a evaluar la existencia de cobre, oro y plata. Las obras incluyen construcción de campamentos, piscinas de lodos, caminos de acceso y otras instalaciones en un área propiedad de Andex Minerals, en el sector Anocarire entre Putre y Camararones, con una inversión estimada en 18 millones de dólares y plazo de ejecución de 28 meses.

Los reclamantes solicitaron además una medida cautelar conservativa para suspender los efectos de la RCA, argumentando que el inicio de las obras podría afectar gravemente los recursos hídricos, áreas protegidas como la Reserva Nacional Las Vicuñas y la Reserva de la Biosfera Lauca, la biodiversidad local y el cerro sagrado. Invocan peligro en la demora y apariencia de buen derecho, invocando pronunciamientos previos de la Corte Suprema y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sobre la necesidad de evaluar mediante Estudio de Impacto Ambiental obras esenciales omitidas.

El tribunal decidió conferir traslado a Andex Minerals para que aporte mayores antecedentes antes de pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada. Asimismo, ordenó al SEA remitir un informe con los motivos de su decisión y los antecedentes del procedimiento administrativo.