Minería · Chile
Primer Tribunal Ambiental — Daño minero
Habitantes de Tierra Amarilla demandan al Estado y mineras por contaminación acumulativa
El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la acción judicial que cuestiona botaderos y acopios de residuos mineros ubicados en zona urbana, acusando afectación a aire, suelo, fauna y salud de la población.

El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la demanda por daño ambiental presentada por habitantes de Tierra Amarilla en contra del Estado, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado, por la presencia de botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros ubicados tanto en las cercanías como dentro del perímetro urbano de la comuna.
La acción se enfoca en la existencia de material particulado fino y metales presentes en estos depósitos, cuya acumulación habría provocado afectación a diversos componentes ambientales: aire, suelo, fauna, flora y ecosistemas, así como impactos en la salud de la población y en el medio sociocultural. Los demandantes sostienen que la contaminación es de carácter acumulativo, crónica y permanente, en expansión continua debido a la persistencia de emisiones en sectores próximos a Villa Estadio, Escuela Luis Uribe y Nantoco.
El Tribunal Ambiental admitió la demanda para tramitación, lo que representa un reconocimiento formal de legitimidad activa de los reclamantes y de la viabilidad de la acción. Este avance procesal abre el espacio para que la justicia especializada en materia ambiental analice si existe efectivamente daño ambiental en los términos de la Ley N°21.050 que crea los tribunales ambientales, así como la responsabilidad que corresponda al Estado y a las empresas mineras.
Entre las medidas solicitadas por los demandantes figuran la remoción, estabilización, confinamiento o cobertura definitiva de los residuos, medidas que apuntan a mitigar la exposición continua de la población y el entorno natural a contaminantes. El caso se inscribe en el contexto de los conflictos socio-ambientales vinculados a operaciones mineras en la zona de Atacama, donde la fiscalización de depósitos y la gestión de pasivos ambientales han generado tensiones entre comunidades locales, autoridades y operadores del sector.
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