Chile avanza en la implementación de su Política Nacional de Ciberseguridad, por Cristina Valenzuela

El 11 de julio de 2025 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictó la Resolución Exenta N° 28, que implementa el Plan de Acción de la Política Nacional de Ciberseguridad 2023–2028. Esta resolución, publicada en el Diario Oficial, representa un avance estratégico en el marco organizativo digital, en línea con los desafíos tecnológicos y sociales que enfrenta el país. Marca el tránsito definitivo desde la declaración de intenciones estratégicas hacia la implementación de medidas tangibles, y materializa el rol de la nueva institucionalidad, posicionando a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y al Comité Interministerial como el motor de la gobernanza en ciberseguridad.

¿Qué establece esta resolución?

La Resolución Exenta N° 28 se basa en el acuerdo unánime del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad y cumple un propósito claro: poner en marcha el Plan de Acción de la Política Nacional de Ciberseguridad 2023–2028. El documento incluye 15 medidas prioritarias, seleccionadas de un total de 76 propuestas, bajo el criterio de viabilidad en su implementación, y alineadas con los ejes transversales definidos por la política nacional.

Resumen de las 15 medidas prioritarias del plan de acción

Fortalecimiento del sector público

• Se crearán guías e instructivos técnicos para orientar a los organismos del Estado.

• Se elaborará un manual de protocolos para la comunicación de incidentes.

• Se generará un reporte anual sobre la realidad nacional de ciberseguridad para proponer acciones y recomendaciones a la Administración del Estado.

Desarrollo de talento y cultura

• Se entregarán becas para la formación de especialistas en ciberseguridad.

• Se realizarán ferias estudiantiles para promover las carreras de ciberseguridad.

• Se creará una propuesta de carrera o especialidad técnica de nivel medio en ciberseguridad.

• Se ampliará el programa nacional de tutorías sobre educación y autocuidado digital.

Investigación y colaboración público-privada

• Se elaborará un informe sobre I+D+i para priorizar áreas de investigación.

• Se fomentarán ejercicios de ciberseguridad en alianza entre instituciones públicas y privadas.

• Se desarrollará un documento conjunto (público-privado) para definir líneas de investigación en ciberseguridad para el país.

Marco regulatorio y estándares

• Se establecerá una norma técnica de ciberseguridad específica para el sector eléctrico.

• Se diseñará una metodología nacional para la evaluación de riesgos de ciberseguridad.

• Se fijarán exigencias de ciberseguridad en los concursos públicos del espectro radioeléctrico.

Coordinación estratégica y defensa

• Se generará una agenda compartida de compromisos y cooperación internacional en ciberseguridad.

• Se actualizará la Política de Ciberdefensa para alinearla con la nueva estrategia nacional.

En definitiva, esta resolución activa el engranaje que busca construir un Chile digital más seguro y resiliente, sentando las bases para el desarrollo de un ecosistema robusto, preparado para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Cristina Valenzuela es asociada del Área de Cumplimiento y de Tecnología, Protección de Datos Personales y Ciberseguridad en Alessandri.

Asesora a clientes en la implementación de modelos de prevención de delitos, programas de cumplimiento normativo y estrategias de gestión de riesgos legales. También apoya en la adecuación a marcos regulatorios sobre protección de datos personales, incluyendo la redacción de políticas de privacidad y cookies, revisión de contratos con encargados de tratamiento, evaluaciones de riesgo, así como en la gestión de incidentes de seguridad y la preparación para nuevas exigencias normativas en materia de datos y tecnología.

Antes de integrarse a Alessandri, trabajó en Jara del Favero, desempeñándose en el área de compliance y mercados regulados. En ese rol asesoró a clientes de diversas industrias en materias relacionadas con cumplimiento normativo, incluyendo la implementación y certificación de modelos de prevención de delitos, desarrollo de programas de cumplimiento, gestión de canales de denuncia e investigaciones internas.