Estudio advierte vulnerabilidad de niñas migrantes frente a la trata en Chile

La trata de niñas migrantes en Chile constituye una de las expresiones más graves de violencia estructural asociadas a fenómenos como la migración forzada, la pobreza y la exclusión social. Así lo concluye un estudio elaborado por la académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA) Sede Viña del Mar, Dra. María Lorena Rossel, publicado en la European Public & Social Innovation Review bajo el título “Género, migración y violencia: la trata de niñas en el siglo XXI desde los estándares internacionales y la situación en Chile”.

La investigación analizó la relación entre migración, pobreza, segregación urbana y trata infantil en Chile, evaluando el grado de cumplimiento del Estado respecto de los estándares internacionales en la materia. Asimismo, buscó identificar los factores socioeconómicos que incrementan la vulnerabilidad de niñas y adolescentes migrantes, examinar la respuesta jurídica e institucional existente y proponer lineamientos para el diseño de políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos.

Para ello, el estudio utilizó una metodología jurídico-dogmática, centrada en el análisis de leyes, normas y principios jurídicos vigentes, complementada con una revisión de investigaciones provenientes de otras disciplinas, informes institucionales y antecedentes estadísticos recientes. Este enfoque permitió identificar diversos factores sociales que aumentan la exposición de niñas migrantes a situaciones de explotación, especialmente en aquellos casos de menores no acompañadas o en situación migratoria irregular.

Entre los principales hallazgos, la investigación detectó patrones recurrentes asociados a la trata de niñas migrantes, tales como la captación mediante engaños a través de falsas promesas de empleo o cuidado, la explotación sexual como principal finalidad del delito, la hipersexualización y racialización de niñas migrantes, especialmente afrodescendientes y haitianas, así como su concentración en barrios segregados y vulnerables donde las redes criminales operan con mayores niveles de impunidad. El estudio también advirtió la existencia de deficiencias en la identificación temprana de víctimas por parte de funcionarios públicos, lo que dificulta la activación oportuna de mecanismos de protección.

La investigación cita además cifras que reflejan la magnitud del problema. Entre 2011 y 2022, el 74,5% de las investigaciones por trata de personas en Chile correspondieron a mujeres y más del 16% de las víctimas eran menores de edad. A ello se suma que un 21% de los hogares migrantes vive en condiciones de hacinamiento, porcentaje considerablemente superior al 6,7% registrado en hogares nacionales.

Según explicó la Dra. Rossel, “la trata de niñas migrantes constituye una de las formas más graves de violencia estructural en el siglo XXI. La migración forzada, la pobreza y la exclusión urbana crean entornos altamente vulnerables para niñas desplazadas, y Chile, como país receptor, no está ajeno a esta realidad”.

La académica señaló que el análisis crítico del ordenamiento jurídico nacional consideró especialmente la Ley N°20.507 sobre trata de personas y la Ley N°21.325 sobre migración, contrastándolas con los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea.

Si bien el estudio concluye que Chile cuenta con un marco normativo formalmente adecuado para enfrentar la trata de personas, también evidencia importantes brechas en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e infancia. En particular, advierte dificultades respecto de la protección efectiva de niñas migrantes en situación irregular, observando una distancia significativa entre el diseño normativo y la práctica institucional.

En esa línea, la investigadora sostuvo que el país enfrenta una situación crítica. A su juicio, pese a haber ratificado diversos tratados internacionales y contar con legislación específica, la respuesta estatal continúa siendo insuficiente y fragmentada. Asimismo, afirmó que Chile presenta déficits en materia de protección efectiva, bajas tasas de reconocimiento de solicitudes de refugio y una tendencia institucional a privilegiar la seguridad fronteriza por sobre la protección de los derechos humanos. A ello agregó la falta de coordinación entre organismos, la ausencia de protocolos diferenciados y la escasez de recursos especializados para abordar estos casos.

Como parte de sus conclusiones, la Dra. Rossel propuso implementar protocolos de identificación temprana con enfoque de niñez y género, fortalecer la capacitación de funcionarios públicos en derechos humanos y trata de personas, garantizar procedimientos expeditos de regularización migratoria para niñas y adolescentes, y promover políticas territoriales inclusivas orientadas a disminuir la segregación y mejorar las condiciones de vida en sectores vulnerables.

Finalmente, la académica destacó el papel que puede desempeñar la ciudadanía en la prevención y detección de este fenómeno. En ese sentido, señaló que las campañas educativas, el acompañamiento legal a las víctimas durante y después de los procesos judiciales, así como el fortalecimiento de redes comunitarias capaces de identificar tempranamente situaciones de trata, constituyen herramientas relevantes para apoyar a las víctimas y contribuir a la erradicación de esta forma de violencia.

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